Anulado por tercera vez un cambio catastral en La Bufona

Ya es la tercera vez que la Dirección Provincial del Catastro cambia la descripción y los titulares de una parte de los terrenos rústicos donde se asientan 14 casas de la urbanización La Bufona, en Arrecife. Y es la tercera vez que el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), un órgano que depende del Ministerio de Economía, obliga a deshacer el cambio.

Desde el año 2008 se produce de forma periódica este cambio, que obliga al propietario de los terrenos, Gonzalo Murillo, a reclamar que vuelvan a su estado original. El pasado 30 de septiembre, el TEAR de Canarias señalaba, ante ese cambio “la ausencia de documentación que es de carácter necesario, apreciándose que no sólo es que falten las actuaciones procedimentales seguidas al efecto que pudieran culminar con el acto impugnado, es que falta el propio acto contra el que interpuso el señor Murillo recurso de reposición”.

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Dada la falta de motivación por parte de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias para tomar esas resoluciones que dan de alta en el Catastro a las viviendas edificadas en La Bufona, el TEAR las anula por tercera vez.

El primer cambio se produjo en 2008. El suelo rústico, aunque está ocupado por las casas, está catastrado a nombre de Murillo. En ese primer cambio también se produjo otra modificación. La calle pasó de llamarse Chabusquillo a llamarse Chubasquillo. El cambio se produjo sin que se diera audiencia al interesado, al igual que los dos siguientes.

En la primera ocasión, tanto el TEAR como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dieron la razón a Murillo. El Ministerio incluso destituyó al director del Catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

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Esas catorce casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos continuaban pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En 2017 volvió a ocurrir lo mismo, tanto con los titulares como con el nombre de la calle, pero en esa ocasión se renombró el suelo como suelo rústico de uso agrario, excepto la casa de la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que figuraba en suelo rústico pero con uso residencial.

Todo se hizo con un expediente que debía haber caducado y, finalmente, le dieron la razón a Murillo. Pero poco después se volvió a producir el mismo cambio, que se acaba de resolver de nuevo.

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En su resolución, el TEAR primero justifica la demora por la saturación del organismo, al que entran hasta 13.000 reclamaciones en un año y no tiene personal suficiente. Dice en su resolución que faltan las actuaciones procedimentales realizadas y el propio acto contra el que se interpuso el recurso de reposición.

Como en las ocasiones anteriores, el cambio se hizo sin seguir el trámite legal establecido. La Fiscalía de Las Palmas abrió diligencias de investigación por este último cambio.

Murillo considera que el catastro podría estar tratando de encubrir “que la promotora Brisa Inversiones ha cometido una manifiesta y patente estafa, al vender un suelo urbano”, que es de su titularidad y por tanto encubrir que se han construido viviendas sobre zona verde, sobre aparcamientos públicos y sobre un vial público.

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En esas diligencias declaró una técnico del Catastro, en calidad de denunciada, que señaló que en la referencia catastral hay un error involuntario, que se produjo por utilizar una plantilla y que manifestó que este registro tan solo tiene validez a efectos fiscales y que no adjudica la propiedad de los bienes inmuebles.

Vista oral

Por otra parte, el segundo juicio por la construcción de esas 14 casas se celebrará en el mes de enero de 2023. Estaba previsto que la vista oral la celebrase el Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife en noviembre, pero se ha retrasado hasta los días 9, 16, 17 y 24 de enero.

El segundo juicio por la construcción de esas 14 casas se celebrará en enero

En el primer juicio se condenó al promotor y al constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, respectivamente, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y fueron sentenciados también al derribo de lo construido sin título habilitante (pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros o terrazas), es decir, una parte de las 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica.

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La Audiencia Provincial obligó a que se repitiera parte de la instrucción y la vista oral porque no se había llamado a declarar en ningún momento, en 15 años de instrucción, a los propietarios de las casas, que salían perjudicados con la sentencia.

Un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y los propios promotores de la urbanización condenados señalaban a estos propietarios como los responsables de haber construido sin licencia sobre ese tipo de suelo rústico de protección ecológica.

Los propietarios, entre los que se encuentra la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, comparecen como responsables civiles subsidiarios.