En Colombia si hay que pagar a los actores por las repeticiones, pero no todos lo hacen

Si hay una producción que ha dado la vuelta al mundo y se ha repetido constantemente es “Yo soy Betty, la fea”, telenovela de la que, desde su estreno en 1999, se han realizado 28 versiones o adaptaciones en el mundo. además de que ha sido doblada a 25 idiomas y ha sido transmitida en 180 países, al punto que figura en el Libro Guinness de los Récords.

El drama, protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, volvió a ser noticia este fin de semana con el anuncio de Netflix de retirarlo de su plataforma, a pesar de que lleva dos años entre los 10 programas más vistos. en países latinoamericanos.

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La noticia reactivó de paso el reclamo de varios actores colombianos sobre el pago de derechos de reproducción o regalías de estos dramatizados.

Uno de los más recordados es el que hizo la actriz Sandra Reyes durante la repetición de “Pedro, el escamoso”, quien se quejó a través de sus redes sociales porque se encontraba en malas condiciones económicas y no cobraba “regalías” por las repeticiones.

si pagan

Antes de 1992 se pagaban estos derechos, pero luego de la crisis económica generada por el apagón de ese año, los productores y actores llegaron a un acuerdo para suspender temporalmente ese pago para ayudar a los canales, sin embargo esa temporalidad se extendió por más de 18 años.

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En 2010 se sancionó la Ley 1403, mejor conocida como Ley Fanny Mickey, que regula el cobro de los derechos de remuneración por la comunicación pública, en la que “los usuarios (canales, cableoperadores y plataformas de streaming) pagan un porcentaje de lo que reciben estas empresas. por publicidad o cantidad de suscriptores”, se lee en el sitio webactors.org.co. Cuantas más repeticiones tiene, la pauta es menor, lo que implica que los cobros para los actores son menores.

El actor Julio César Herrera (Fredy, en Betty, la fea), quien durante ocho años integró la Sociedad Gestora, que está a cargo de esta recaudación, explica que esta sociedad, que cuenta con 2.500 integrantes en el país, tiene por objeto es “recaudar, administrar y distribuir” los recursos, los cuales son pagados anualmente por los canales.

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Herrera informa que si bien las privadas, como Caracol y RCN, más la televisión regional, local y pública pagan puntualmente desde que se expide la ley, los operadores de cable Tigo, Claro, Movistar y DirecTV no lo hacen.

Dice que hay procesos legales al respecto, pero que no han encontrado una respuesta positiva a este reclamo. “Lo curioso es que estas empresas sí realizan el pago en otros países”. Lo mismo ocurre con las plataformas de transmisión.

lo que obtienen

Herrera dice que la Sociedad Gestora, que está regulada por la Oficina de Derechos de Autor, distribuye los recursos que recauda de la siguiente manera: 20 % en administración, 70 % en distribución (esto es lo que llega a los actores) y 10 % en previsión social.

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Dice que durante el confinamiento por la pandemia, los afiliados recibieron dos bonos como ayuda económica. “En total se entregan 20 subsidios, la mayoría destinados a apoyar a actores de la tercera edad o con necesidades muy específicas”.

La Sociedad Gestora compara cuentas con cuentas similares en otros países y entrega y recibe los recursos correspondientes. “Por ejemplo, le transferimos recursos a Al Pacino o Di Caprio, cuando sus producciones se ven en el país”.

Si bien en Colombia no se llaman regalías, sino derechos de remuneración, los actores en el país sí reciben una remuneración por las repeticiones, lo que sucede es que no todos los que están obligados por ley a realizar ese pago lo están haciendo. Tampoco lo reciben los actores que no están sindicalizados.

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Una fuente de un cableoperador explicó que la ley no es clara sobre si deben o no pagar este concepto.

Por su parte, el director ejecutivo de Actores SCG, Santiago Cabrera Santos, explica en el proceso judicial que argumentan que el actor que firma un contrato con la productora audiovisual está cediendo los derechos. “Algo que en la Ley Fanny Mickey queda claro que los derechos no pueden ser cedidos”.

Otro argumento es que quieren, dice Cabrera Santos, llegar a tarifas pactadas, lo que no se ha logrado a pesar de los acercamientos de Andesco (que agrupa a los cableoperadores) y la empresa administradora.

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