La ex jefa de Personal del hospital militar Gómez Ulla recurre su cese ante el Supremo

El Tribunal Supremo tendrá que decidir si el cese de la teniente coronel médico Ruth Obregón como jefa de Personal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, fue “arbitrario”, como denunció esta oficial, o si por el contrario se ajustó a la legalidad.

Confidencial Digital ha podido confirmar que la defensa de esta teniente coronel ha presentado un recurso de casación ante la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó un recurso previo contra el cese.

Apartada en la primera ola de Covid-19

El cese se produjo a finales de abril de 2020, en la primera ola del coronavirus, después de las semanas más complicadas por la epidemia que desbordaron al hospital Gómez Ulla. Antes de ser oficialmente cesada, en la práctica la teniente coronel ya había sido sustituida en sus funciones semanas antes, por una baja y un traslado en comisión de servicio.

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Posteriormente, la Subsecretaría de Defensa comenzó a investigar la gestión de esta teniente coronel, al entender que había indicios de posibles irregularidades en contrataciones de personal. Algunas de estas actuaciones se enviaron a juzgados militares para ser investigadas.

Defensa desestimó el recurso

Cuando fue apartada de su puesto, la teniente coronel Obregón presentó un recurso de reposición contra la Orden 431/06593/20, de 30 de abril de 2020, del Subsecretario de Defensa, que acordó el cese en su destino de jefa de personal del Hospital Central de la Defensa y el pase a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino en Madrid.

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El recurso fue desestimado por resolución de 16 de octubre de 2020, de la Subsecretaría de Defensa. La primera orden de cese la firmó el subsecretario Alejo de la Torre -quien también fue señalado en una denuncia judicial de Ruth Obregón, que fue archivada-, y el recurso lo resolvió la sucesora de De la Torre, Amparo Valcarce.

Cese “arbitrario y carente de motivación”

Agotada la vía administrativa, la teniente coronel médico acudió a la vía judicial. Presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Alegó que la apartaron de su puesto cuanto se encontraba de baja por contingencia profesional, desde el 4 de marzo de 2020, por acoso y persecución en su lugar de destino.

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También denunció que su cese fue “arbitrario y carente de motivación alguna” conforme a la ley, que fue contrario a su derecho fundamental de acceder a funciones públicas recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, que atentó gravemente a su honor como derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución, y que supuso “una flagrante vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionadora recogido en el artículo 25 de la Constitución”.

Incluso vinculó su cese con denuncias que, aseguró, ella había elevado internamente sobre posibles irregularidades relativas a la gestión del dinero público y al control de horarios en el hospital Gómez Ulla.

Recurso de casación ante el Supremo

El recurso fue desestimado el pasado mes de junio por la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, tal y como se contó en estas páginas.

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La teniente coronel ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a esa sentencia de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la defensa de la ex jefa de Personal del Hospital Central de la Defensa aseguran que el recurso ha sido admitido a trámite, y por tanto el cese decidido por el subsecretario de Defensa será estudiado a fondo por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Los abogados de la teniente coronel mantienen que la destitución fue arbitraria y no estuvo justificada, y así lo han argumentado en el recurso, con el que pretenden que el Supremo anule el cese.

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Desapareció la relación de confianza

La sentencia de la Audiencia Nacional concluyó que en este caso “aparecen […] cumplidas las exigencias jurisprudenciales expuestas sobre la motivación de la desaparición de la relación de confianza existente” con el entonces director del hospital, el general de Brigada Miguel Fernández Tapia-Ruano, que fue quien propuso el cese de esta oficial.

Los jueces de la Audiencia consideraron que al cesar a la teniente coronel no se cuestionó “ni su capacidad, ni su idoneidad para realizar los cometidos para los que le asignaron el destino, al no estar en cuestión la asignación del destino, su adscripción, sino su cese, ni tampoco se discute la aptitud para las funciones que le fueron encomendando en el desempeño del mismo, sino la justificación de la desconfianza sobrevenida”.

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“La prueba realizada por el recurrente, documental y testifical no aporta al respecto ninguna arbitrariedad o ilegalidad que permita constatar la relación directa del cese en el destino de la teniente coronel recurrente con las irregularidades denunciadas relativas a la gestión del dinero público, control de horarios y otros”, sentenció la Audiencia Nacional.

Por todo ello desestimó el recurso de la teniente coronel y confirmó las resoluciones de la Subsecretaría de Defensa que la apartaron de su puesto de jefa de Personal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

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