La Justicia confirmó el rechazo a una protección de las sociedades rurales

entidades Solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del cobro, así como cualquier disposición reglamentaria en la que se pretenda sustentar ese reclamo fiscal.y condenó a suspender el cobro, instruyendo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cesar en la reclamación y el cobro.

Consideraron en sus presentaciones que desde el pasado 1 de enero, las retenciones ya no aplican porque la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 no ha sido prorrogada porque el Congreso Nacional no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otras cosasuna extensión de una facultad al Poder Ejecutivo para la aplicación de derechos de exportación.

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En la primera instancia, El juez Carlos Arturo Ochoa rechazó la propuesta considerando que en caso no se dieron los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivodado que la Sociedad Rural de Río Cuarto no tenía legitimación para sustentar la demanda judicial.

Ahora Sala A de la Cámara, compuesta por Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi, argumentaron que la propuesta de amparo colectivo no detalla adecuadamente el grupo de afectados por la medida ni el grupo involucradosegún el fallo publicado por el sitio web Words of Law.

la camarera Vélez Funes expresó que “El universo y situaciones de los productores que pretende representar la actora es excesivamente amplio, es decir todos ‘(…) los productores rurales de toda la República Argentina (…)’ a través de una supuesta acción colectiva”.

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Además, afirmó que No se pudo corroborar que el dictado de la norma por parte de la AFIP hubiera afectado de igual forma a todos los sujetos que integran el grupo (productores agropecuarios) que se pretende representar.por lo cual “no es posible tener como corroborada con una certeza mínima y concreta, la existencia de efectos comunes que, según la doctrina establecida en el ‘Halabi’ precedente”.

En una resolución de 30 páginas, los jueces también cuestionaron los estatutos acompañados de las entidades de lo cual no surge que el Presidente o el Secretario estén facultados para iniciar acciones judiciales sin el previo y formal consentimiento o autorización de sus asociados para sus propios intereses particulares, documentos que no fueron agregados al caso.

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La sentencia apelada (por las entidades) debe ser confirmada, ya que la asociación actora no está legitimada para actuar colectivamente, cuestionando el cobro de los derechos de exportación objeto de la Litis”, finaliza la resolución.

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