Surrealismo jurídico – Opinión – ABC Color

El extenso collar de surrealismo jurídico local ha engarzado una nueva perla: el vergonzoso fallo del tribunal que absolvió al único procesado por el asesinato del colega fotoperiodista Leo Veras en febrero de 2020. Las juezas Carmen Silva (presidenta), Mirna Soto y Ana Aguirre “tiraron la pelota” al Ministerio Público diciendo que este “no hizo bien su trabajo” que, supuestamente, ocultó a los verdaderos responsables del asesinato de Veras.

Las investigaciones fueron hechas en principio por el fiscal Marcelo Pecci, quien, entre otras cosas ubicó al procesado Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, en la casa de Veras el día y la hora del asesinato mediante un video en el que el aludido habría llegado a la casa del colega en un vehículo cuya matrícula alfanumérica llevaba, coincidentemente, las letras WPR.

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Así también, según el fiscal Andrés Arriola, quien reemplazó a Pecci en el caso, llamativamente se obvió una de las pruebas fundamentales del caso: la pericia telefónica del ahora liberado. Siempre de acuerdo a las investigaciones derivadas del teléfono, “Cachorrão” mantenía vínculos con el PCC y se trataba de un “logístico” en la cadena ilícita que operó para la muerte de Veras.

En su fallo, el tribunal dijo no haber encontrado publicación alguna de Veras que agraviara a Pereira y que por lo tanto no había motivos para asesinarlo, por lo cual lo absolvían. No necesitaba ninguna motivación personal pues en su carácter de supuesto logístico, el “solo realizaba los encargos”, según las investigaciones.

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Lo absurdo no es el fallo en si, sino los argumentos ridículos que han esgrimido desde el Tribunal. Más honesto hubiera sido decir “no nos interesa”, “no entendemos el caso”, “tenemos miedo” o cualquier otra cosa. Indigna el cinismo cuando se ve que las investigaciones se hicieron en tiempo y forma, se presentaron las pruebas ajustadas a derecho pero el tribunal “no vio”.

Los crímenes de periodistas en zona de frontera en función a su trabajo son complejos de analizar. No se puede dejar en manos de personas que no entienden, no manejan y que podrían estar comprometidas con una de las partes.

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Para peor, la estructura judicial colaboró con este desprósito cuando no se ocupó de asignar el caso a un tribunal especializado en crimen organizado, que maneja casos con la visión y preparación correctas.

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